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Qualitax. 20/03/2018

El Supremo marca doctrina con el impuesto hipotecario

Sentencia del Tribunal Supremo.

sentencia tribunal supremo

El Tribunal Supremo publicó ayer los fundamentos jurídicos del doble fallo emitido el 15 de marzo, en el que dictaminó que el impuesto que grava las hipotecas debe abonarlo el cliente. Se trataba de dos recursos de casación procedentes de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Ambas sentencias califican de abusiva cualquier cláusula que atribuya “indiscriminadamente y sin distinción” el pago de todos los gastos e impuestos por parte del prestatario (el consumidor). Sin embargo, en lo referido al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deja claro que el reglamento establece que, en el caso de las escrituras de constitución del préstamo con garantía, se considera adquiriente al prestatario.

El alto tribunal indica, por último, que la jurisdicción civil “no puede enjuiciar” si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa. “La determinación de quién es el sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, que no puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto de vista de la Directiva sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores”, explica.

Jurisprudencia

Esta doble sentencia marca por fin jurisprudencia en esta materia después de varios meses de dudas jurídicas y de fallos de distinto signo en juzgados de primera instancia y audiencias provinciales.

Este tributo supone alrededor del 70% de los llamados ‘gastos de formalización hipotecarios’, que incluyen también el coste de notaría, gestoría, tasación y registro. El impuesto oscila, con carácter general, entre el 0,5% y el 1,5% del importe de la responsabilidad hipotecaria, según la Comunidad Autónoma.

Sobre el resto de gastos sigue habiendo discrepancias y los abogados piden una aclaración del Tribunal Supremo, que sólo indica que el reparto debe ser equitativo. La Ley Hipotecaria no lo legisla.

Fuente: Expansión

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