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Qualitax. 23/10/2018

Parón en los juzgados hasta que el Supremo siente doctrina con el impuesto hipotecario

El pronunciamiento será el 5 de noviembre/ Tras la reunión de urgencia convocada ayer por el presidente, los 32 jueces de la Sala Tercera se reunirán en pleno dentro de quince días para cerrar la discusión jurídica de quién debe pagar este tributo.

sentencia tribunal supremo

El Supremo agravó ayer el caos hipotecario al confirmar, por un lado, que la sentencia dictada el pasado 18 de octubre por la Sala Tercera es firme y, por otro lado, que el Alto Tribunal no sentará jurisprudencia sobre el impuesto hasta dentro de quince días.

La incertidumbre jurídica sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no se resolverá hasta el 5 de noviembre, según anunció ayer Carlos Lesmes, presidente del Supremo, tras reunirse de urgencia con el presidente de la Sala Tercera y con los seis jueces que dictaron el fallo.

Ese día se reunirán los 32 jueces que componen la Sala Tercera para resolver varios recursos pendientes relacionados con la materia y fijar doctrina definitiva sobre este asunto.

Todo lo que se decide en pleno sienta jurisprudencia. Para que lo hagan otras sentencias tiene que haber al menos dos iguales en el mismo sentido.

A la espera de ese pronunciamiento clave, los titulares de los juzgados especializados en materia hipotecaria decidieron ayer dejar de dictar sentencias hasta que haya una jurisprudencia clara que aplicar.

Fallo firme

El controvertido fallo dictado el pasado 18 de octubre por un tribunal de seis jueces del Supremo es firme para el caso concreto estudiado y, según fuentes jurídicas, ha eliminado para siempre del Reglamento del impuesto el artículo que decía que el sujeto pasivo del AJD es el hipotecado. Según desveló ayer el presidente del Supremo, ese día también se resolvieron otros dos casos similares que atañen al mismo reclamante, que están todavía sin notificar.

Es posible que el pleno de la Sala Tercera dictamine el 5 de noviembre que, de acuerdo con su interpretación de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quien debe pagar el tributo es el banco, porque hay una corriente de opinión que sostiene que es el principal interesado en elevar a escritura pública el préstamo hipotecario. Pero también tiene argumentos de peso para esgrimir lo contrario.

Con una diferencia de ocho meses, la Sala Tercera, especializada en lo contencioso administrativo, y la sala Primera, especializada en Derecho Civil, han emitido fallos discrepantes sobre el tributo.

El presidente del Supremo subrayó en la nota emitida ayer que los magistrados que dictaron la sentencia del 18 de octubre actuaron “con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

Retroactividad

El 5 de noviembre se dilucidará quién debe pagar el AJD en las hipotecas futuras, pero no en las pasadas. Es posible que los jueces se pronuncien sobre si su decisión tiene algún tipo de retroactividad aún a riesgo de ser corregidos en un futuro por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como sucedió con las hipotecas suelo en 2016.

Hay juristas que opinan que tendrían derecho a reclamar la devolución del impuesto aquellos consumidores y empresas que firmaron su hipoteca en los últimos cuatro años. Éste es el plazo de prescripción de la liquidación de impuestos, según recoge la Ley General Tributaria. En tal caso, los afectados deberían solicitar el reembolso ante la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma en la que abonaron el tributo. Hacienda intentará trasladar ese coste a la banca, de ahí las fuertes caídas que todo este asunto está provocando en sus cotizaciones.

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, calcula que, en caso de retroactividad, la cantidad total a devolver ascendería 3.631 millones de euros, que irían al bolsillo de 1,5 millones de contribuyentes.

Otros abogados, en cambio, sostienen que no cabe retroactividad alguna, acogiéndose a lo que dice la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La asunción por parte de la banca del AJD a partir de ahora tendría un coste anual para el sector que se elevaría a unos 800 millones anuales. Se trata de un cálculo orientativo basado en la producción hipotecaria del año pasado, en el que se firmaron 432.952 préstamos, de los cuales 312.952 fueron para compra de vivienda. El volumen contratado ascendió a 61.264 millones de euros.

Otros gastos hipotecarios

Además de lo referente al impuesto AJD, también está pendiente una aclaración del Supremo, sin fecha concreta, sobre cómo deben repartirse los gastos de notario y gestoría entre el banco y el consumidor. Tampoco aquí hay una jurisprudencia nítida.

Fuente: Expansión

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