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Qualitax. 27/07/2017

Menos trabas fiscales para elevar el tamaño empresarial

Consejo de política fiscal/ Montoro y Sáenz de Santamaría presentan hoy el Informe del Comité de expertos a las CCAA. Las negociaciones se anticipan muy difíciles. La vicepresidenta avisa: si no hay acuerdo “será un fracaso compartido”. propuestas de guindos al congreso/ El ministro de Economía planteará hoy la rebaja de las exigencias fiscales y laborales para crear empresas más grandes.

empresa

El Gobierno presentará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las conclusiones del Comité de sabios sobre la reforma de financiación autonómica, tras haber recibido ayer el informe con las medidas para mejorar el sistema de financiación de las autonomías. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que, por parte del Ejecutivo se propondrá un calendario “político” de negociación con las comunidades. El informe aborda la necesidad de simplificar el sistema y mejorar la redistribución, tras años de estrechez económica por la situación de crisis. El objetivo es otorgar más autonomía a las comunidades sobre sus ingresos a cambio de mayor responsabilidad sobre sus gastos.

El ministro de Hacienda y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presiden hoy el tercer encuentro del órgano que se produce en un mes, donde trasladarán las conclusiones de una reforma cuyo objetivo es solucionar los problemas de autonomía y nivelación de ingresos y gasto en las comunidades. “Se inicia un diálogo político importante”, señaló Sáenz de Santamaría, que apuntó a la necesidad de colaborar con empatía, con “voluntad política de todos”, en un llamamiento a las comunidades gobernadas por el PSOE.

Sin embargo, Montoro explicó ayer que la reunión no girará en torno a este tema. La reunión de hoy contempla la aprobación de las actas de las dos últimas sesiones –el 29 de junio y el 7 de julio– y se debatirá la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para las comunidades para el periodo 2018-2020.

Aprovechando la coincidencia de la presentación del informe, casi 20 días antes de plazo, tendría sentido que el CPFF se abordara un calendario de negociación para la reforma, según apuntan fuentes de Moncloa. Sin embargo, desde Hacienda reiteran la dificultad de que esto ocurra, teniendo en cuenta que ni siquiera está en el orden del día.

De llegar a un acuerdo, la reforma sería la más importante de la legislatura, ya que implica la financiación de los servicios públicos de las comunidades. De no alcanzar un acuerdo, “será un fracaso compartido”, sentenció Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta se mostró optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo este año, teniendo en cuenta que se están cumpliendo los plazos y que en la reunión de seguimiento de la Conferencia de presidentes se vio “voluntad”.

Como ya avanzó EXPANSIÓN la semana pasada, entre las medidas más importantes a abordar, la comisión de expertos defiende la existencia de un IVA e Impuestos Especiales colegiados y una armonización del Impuesto de sucesiones y donaciones. También se aboga por suprimir la cláusula del statu quo, una posible reestructuración de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de las comunidades y respetar el principio de ordinalidad. No obstante, las discrepancias territoriales y políticas entre comunidades son un muro difícil de saltar. La rebelión de las ocho comunidades gobernadas por el PSOE y por Cataluña en el CPFF del 29 de junio es un síntoma de que va a ser complicado que haya el consenso necesario para que la reforma de la financiación autonómica llegue a realizarse y entre en vigor en 2018, como prevé Hacienda.

Fuentes de la Consejería valenciana de Hacienda explican que hay cierta sintonía con el informe, especialmente en la posible ruptura del statu quo, que penaliza a la comunidad en la financiación. Habría más problema en la negociación de la deuda, donde consideran poco realista una reestructuración de la deuda, y apuesta por la quita, a la que se oponen comunidades como Madrid, que defiende la libertad en las competencias fiscales y explica que la baja tributación es consecuencia de la eficiencia en la gestión y un premio a los ciudadanos. El líder valenciano, Ximo Puig, asegura que existe una fuga de rentas y patrimonio desde su comunidad autónoma hacia la capital.

La armonización del Impuesto de sucesiones y donaciones afectará de forma diferente a las comunidades. Por ejemplo, en Madrid y Canarias implicaría una subida, mientras que para otros grupos, como Andalucía o Asturias, sería una bajada. Sobre el impuesto de sucesiones, desde la Consejería canaria consideran importante “hacer una consideración de la realidad de cadacomunidad”, ya que Canarias tiene una de las rentas per cápita más bajas y la menor capacidad fiscal a nivel nacional. Baleares es el único territorio gobernado por los socialistas que se ha mostrado en contra de la armonización fiscal.

El informe, de 160 páginas, viene dividido en cinco capítulos que analizan el modelo actual de financiación, los recursos y gasto de las comunidades y las competencias en materia de impuestos entre el Gobierno y las autonomías. Mañana será presentado en el Consejo de Ministros, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de la reforma. Los sabios que lo han elaborado son 16, y cuenta con expertos de todas las comunidades de régimen común –exceptuando las dos forales– y sin Cataluña, que tampoco acudirá al Consejo. También lo redactan cinco expertos a propuesta del Gobierno.

El Gobierno votará hoy el techo de gasto individualizado. Montoro defiende un límite de gasto no financiero de 119.834 millones, con una subida del 1,3%. Tras la aprobación del techo de gasto, las comunidades analizarán las entregas a cuenta de 2018, que ascienden a 4.700 millones. El objetivo es concretar el cálculo de los días de pago en consonancia con la directiva comunitaria y la normativa de morosidad y de contratación. También se analizarán los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) de las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit. Baleares presentó ayer a Montoro un documento de propuestas base para la negociación de un nuevo régimen “económico y fiscal” especial de las Islas Baleares, similar al de Canarias.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, planteará hoy en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas para aumentar el tamaño de las empresas y facilitar su capacidad para hacer negocios. Así se recoge en el informe que sobre esta cuestión difundió ayer el Ministerio.

En primer lugar, el ministro quiere revisar la legislación laboral y fiscal. En algunos aspectos, la normativa desincentiva a los empresarios para intentar aumentar el tamaño de la compañía. Por ejemplo, en el momento en que una sociedad llega a los 50 trabajadores tiene la obligación de tener un comité de empresa, con cinco representantes de los trabajadores. Este hecho complica bastante la labor del empresario en la negociación del convenio y en las relaciones laborales, porque ya entran los sindicatos.

Economía baraja elevar el número de trabajadores a partir del cual un empresa debe tener un comité. Lo que eufemísticamente denomina “desacoplar [el umbral de empleados] de los niveles más frecuentes, como el de 50 trabajadores, para evitar los efectos escalón en la distribución de empresas”. De hecho, una alternativa puede ser que el comité de empresa se discuta en la negociación colectiva para que su formación no sea inherente a un número determinado de trabajadores.

Además, en lo que se refiere a la regulación fiscal, rebasar ese número de empleados también implica la obligación de auditar las cuentas si la empresa tiene activos por valor de 2,85 millones de euros o una facturación superior a los 5,7 millones de euros. Tampoco pueden presentar ya las cuentas abreviadas.

En el Impuesto de Sociedades también hay otra complicación para las pymes si crecen en la facturación. Cuando una empresa llega a los 6 millones de euros de facturación pasa al control de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Eso significa que soporta un pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades, que pasa del 18% al 20% de la base imponible. Además, tienen que hacer liquidaciones mensuales, en lugar de trimestrales, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En este contexto, Guindos propone que, como en la política laboral, en la política se modifiquen las exigencias tributarias que dependen del tamaño y la facturación de la compañía, aunque no da más detalles.

Política fiscal

Otra propuesta de Economía es activar los criterios exigidos en la política fiscal “sólo si la empresa rebasa los niveles de facturación durante dos ejercicios consecutivos”.

Junto a la introducción de cambios en la normativa laboral y fiscal, el Gobierno quiere mejorar las facilidades para la creación de empresas y el desarrollo de su actividad. Esto significa “adaptar el tamaño de la empresa y su propia existencia a las condiciones de la demanda o la evolución tecnológica”.

El informe recuerda que España es el segundo país del euro en el que las empresas perciben mayores dificultades para poner en marcha un negocio y desarrollarlo posteriormente. El primero es Italia, según la última encuesta del Eurobarómetro que la Comisión Europea publicó en 2015 después de preguntar sobre estos aspectos a 10.603 empresas.

Algo parecido ocurre con España, a pesar de que ha mejorado en los últimos años, si se estudia el indicador Doing Business, del Banco Mundial, sobre la actividad empresarial. Economía se hace eco de las recomendaciones de la institución cuando dice que “España debe hacer reformas mercantiles, concursales o fiscales” para incentivar y atraer la actividad empresarial.

Precisamente, relacionado con la necesidad de incentivar el esfuerzo empresarial, Guindos quiere profundizar en la unidad de mercado interna. Es decir, en la coordinación entre las comunidades autónomas para reducir los obstáculos que impiden que las empresas puedan ejercer su actividad por toda España.

El Gobierno se propone modificar el desarrollo de la Ley de Unidad de Mercado, si el Tribunal Constitucional, no acepta el recurso del Ejecutivo contra la declaración de algunos artículos como nulos. Según el Ministerio de Economía, la aplicación de la norma supondría un incremento adicional del PIB del 1,6%, y del 0,85%, en el empleo.

Fuente: Expansión.

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