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Qualitax. 02/03/2018

Los fiscalistas se rebelan contra Montoro por inseguridad jurídica

LEY TRIBUTARIA/ Los Asesores Fiscales recurren al Supremo cuatro decretos de Hacienda por “extralimitación reglamentaria”, “limitar derechos del contribuyente” y” vulnerar el principio de tutela judicial efectiva”.

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha impugnado ante el Tribunal Supremo (TS) cuatro Reales Decretos que aprobó el Gobierno el 29 de diciembre por considerar que suponen un exceso reglamentario del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que está reformando la Ley General Tributaria (LGT) vía Decreto y no mediante una reforma de la ley, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica. Según ha podido conocer EXPANSIÓN, los recursos por lo contencioso-administrativo se dirigen contra los Reales Decretos que modifican los Reglamentos de Aplicación de Tributos, de Revisión, de Recaudación y de Régimen sancionador. Estas reformas validadas en el último Consejo de Ministros de 2017, modifican conceptos fundamentales de la legislación tributaria que atañen a multas, plazos, costas o aplazamientos y suspensiones.

Multas, plazos y competencias. Los asesores cuestionan el Decreto que modifica el Reglamento de Aplicación de Tributos, que atribuye competencias a los directores de Departamento de la Agencia Tributaria (AEAT) para modificar lo que haya dispuesto el ministro, lo que la LGT no permite. Además, este Decreto introduce los conceptos de “multa” y de “responsabilidad civil” junto al de “deuda tributaria” a los efectos de emitir un certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias. De esta forma, para obtener el certificado se tiene que estar al corriente de pago de cualquier sanción, y algunas de ellas las gestiona la AEAT pero no tienen el carácter de tributarias. Este Decreto establece también que los días de cortesía será un mínimo de siete, y que el funcionario tendrá discrecionalidad para dar otro plazo distinto al solicitado sin más concreción, lo que “limita los derechos del contribuyente”.

Costas. En cuanto al Decreto que modifica el Reglamento de Revisión, para Aedaf la regulación de las costas en vía económico-administrativa es un elemento a rechazar, no tanto porque se exija que concurra temeridad, sino por su cuantificación objetiva –un 2% de la cuantía litigiosa– y, sobre todo, por la imposibilidad de su impugnación en vía administrativa. Este cambio les plantea dudas ya que si no se quiere seguir recurriendo en vía contenciosa contra el tema principal implica que no se puede anular la condena en costas, aunque sea incorrecta u obliga a acudir a los tribunales sólo contra la imposición de costas, con el riesgo que conlleva, lo que creen que “vulnera el principio de tutela judicial efectiva”. Al margen de que sólo pueden imponerse al contribuyente, y no a la Administración.

Aplazamientos. En la reforma del Reglamento del Recaudación, se estipula la inadmisión de las solicitudes de aplazamiento de pagos en especie, una “extralimitación reglamentaria” para los asesores, ya que los otros supuestos de inadmisión en el Reglamento se corresponden con lo establecido en la LGT; en cambio, éste se crea en el Reglamento, lo que creen “abusivo”. Tampoco les parece admisible que se establezca que las garantías constituidas voluntariamente pueden ser ejecutadas antes de que haya sentencia firme, a diferencia de los embargos trabados.

Expediente sancionador. En la modificación del Reglamento sancionador, a Aedaf le parece más que dudoso que el procedimiento sancionador pueda exceder, en la práctica, de los seis meses establecidos cuando se acuerde la ampliación de actuaciones inspectoras tras el acta. Considera que es una dilación imputable a la Administración y que no existe obligación de iniciar un expediente sancionador en el momento del acta.

Fuente: Expansión

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