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Qualitax. 13/11/2018

Los fiscalistas denuncian “graves deficiencias” en el Decreto de AJD

El caos del impuesto/ Consideran que el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el jueves y que ya está en vigor es “oportunista y precipitado” y tiene “graves problemas de técnica legislativa”.

fiscal

El Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el jueves y que ya está en vigor y que establece que el banco debe pagar el impuesto de las hipotecas es “oportunista y precipitado” y tiene “graves deficiencias y problemas de técnica legislativa”. Así lo denunció ayer la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en un encuentro en la Universidad Pontificia de Comillas (Icade) para analizar el caos en que está inmerso el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

“El conflicto no ha acabado aquí”, advirtieron. Auguraron que “seguirá habiendo reclamaciones por la inseguridad jurídica” y se plantearán recursos que exigirán retroactividad. En este sentido, Ramón Casero, abogado de la Empresa Municipal de Vivienda Rivas que ha reclamado al Supremo por el impuesto de las hipotecas, va a plantear responsabilidad patrimonial del Estado.

A su juicio, sacar una norma en 48 horas “al amparo de una sentencia que aún no conoce nadie” hace que se produzcan “errores técnicos” y deja “desamparadas” muchas situaciones. “Era necesaria una reflexión mayor antes de publicar una norma que no dudamos que tenga toda la mejor intención del mundo”, declararon.

Así, detallaron los problemas que plantea el Decreto. En primer lugar, mo menciona a las cooperativas de crédito, que están exentas de AJD, con lo que estas entidades y las cajas rurales serás las únicas a las que no afectará el impuesto, salvo que se enmiende. Otro problema que se ha detectado son los préstamos entre particulares. Algunos de los presentes en el desayuno plantearon que el prestamista pasaría a estar sujeto ahora en el AJD.

Pero el mayor conflicto serán las numerosas deducciones y exenciones que acumulan las comunidades para el consumidor, hasta ahora el sujeto pasivo del impuesto. Familias numerosas, mayores, jóvenes, discapacitados reciben una catarata de exenciones y tipos reducidos que ahora quedarán sin efecto.

Como adelantó EXPANSIÓN el viernes, el impuesto tiene un potencial recaudatorio de 800 millones más por este motivo. Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado jueves que esta semana se reunirán los directores de Tributos de las comunidades para analizar el nuevo escenario que supone el cambio del sujeto pasivo del impuesto. Fuentes de Hacienda trasladaron ayer que todavía no hay fecha fijada. Sobre los problemas que plantea el Decreto en lo relativo a las cooperativas de crédito, las mismas fuentes explicaron que “se están estudiando”.

Los fiscalistas apuntaron ayer que el AJD, sobre todo si su tipo se eleva por encima del 0,5%, incurre en doble imposición. A su vez, criticaron que el Gobierno haya estipulado que el tributo no sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades, una situación excepcional que, a su juicio, supone un peaje en el que el Ejecutivo reconoce implícitamente que la banca lo va a repercutir a los clientes. Además, cuestionaron que haya otra justificación que la “meramente recaudatoria”.

Desde Aedaf se mostraron ayer “horrorizados” y “descontentos” con la reciente decisión del Tribunal Supremo de que sigan siendo los particulares los que paguen el impuesto de las hipotecas y también por la posterior modificación de la legislación por parte del Gobierno vía Decreto. Respecto a las sentencias del Supremo, criticaron que haya tres fallos que obligan a pagar a la banca y otros tres, para los mismos casos y el mismo recurrente, que se lo exijan al cliente. Ignacio Arráez, de Aedaf, defendió que la sentencia inicial del Supremo del pasado 18 de octubre era “la correcta”, la que dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mientras que los que han tomado la decisión final, la Sala Tercera en Pleno, “no eran jueces especialistas en Derecho Tributario”. Y remachó: “Es preocupante que magistrados especialistas en otras áreas del Derecho hayan impuesto su criterio sobre los magistrados expertos en Derecho Tributario”.

Fuente: Expansión

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