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Qualitax. 08/05/2018

Las pymes y los notarios recurren el nuevo modelo para presentar cuentas

Ante la audiencia nacional/ Reclaman la suspensión cautelar de una Orden del Ministerio de Justicia que obliga a las personas jurídicas a identificar a los titulares de acciones o de participaciones.

registro mercantil

La patronal de las pymes, Cepyme, y el Consejo General del Notariado interpusieron ayer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra algunos aspectos de la Orden que establece los nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cepyme y el Consejo del Notariado piden la suspensión cautelar de la orden, aprobada en marzo por el Ministerio de Justicia, al entender que su aplicación tendría un “gravísimo impacto” en el derecho a la intimidad de los propietarios de acciones.

Según un comunicado conjunto de las dos entidades, la Orden JUS/319/2018, que se publicó el 27 de marzo en el BOE, impone a las personas jurídicas obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil a identificar a las personas físicas que son titulares de acciones o de participaciones societarias.

Las pymes y los notarios consideran que el impacto en el derecho a la intimidad de los poseedores de acciones o de los empresarios que han constituido una pequeña o mediana empresa, y “los gratuitos riesgos a los que se les somete”, “aconsejan la suspensión de su eficacia” hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie.

En concreto, las dos entidades han solicitado, como medida cautelar, la inmediata suspensión de la orden en lo relativo a la inscripción del titular real en el Registro Mercantil, ya que la mayoría de las sociedades aprobarán sus cuentas antes del 31 de mayo y deberán depositarlas en junio.

Cepyme y el Consejo del Notariado subrayan que, una vez realizado el depósito de las cuentas de acuerdo con la nueva Orden, las titularidades reales de los casi 3,5 millones de sociedades mercantiles existentes en España, incluyendo las sociedades familiares, “se encontrarán plenamente accesibles a cualquier persona o –por qué no– delincuente, que solo tendrá que solicitar una sencilla certificación al Registro Mercantil”.

En concreto, recuerdan en España hay 1.291.317 pymes, con las que operan millones de pequeños y medianos empresarios, que dan empleo a 7.885.049 personas, según datos de marzo del Ministerio de Economía.

Según estas entidades “la obligación de inscribir el titular real que impone la Orden no tiene razón de ser y pone en riesgo el sistema español de identificación de los titulares reales de las sociedades jurídicas, reconocido internacionalmente e imprescindible en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En este sentido recuerdan que “ningún ente público, organización sindical o grupo político ha solicitado la medida”, ni siquiera el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) ni el Ministerio de Economía.

El Ministerio de Justicia declinó ayer hacer comentarios.

Fuente: Expansión.

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