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Qualitax. 17/12/2018

El Gobierno impone una duración mínima de cinco años a los alquileres

No descarta incluir topes en los precios/ El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas urgentes para aliviar las tensiones en el mercado del alquiler. El proyecto de establecer precios máximos a los alquileres podría incluirse en 2019.

arrendamientos

El Gobierno aprobó ayer una batería de medidas urgentes para aliviar el boom de los alquileres. El Consejo de Ministros dio luz verde a un Real Decreto-ley que modifica cinco normas en materia de vivienda.

La medida más llamativa es la prolongación de los contratos de alquiler de tres a cinco años. El plan es bastante más acotado de lo estudiado previamente en las negociaciones con Podemos. La medida más polémica, la de establecer máximos en los precios del alquiler, se queda fuera del Decreto, algo que no ha gustado a Podemos, que amenaza con votar en contra del decreto porque “incumple el pacto de presupuestos”. Pero, según fuentes del Ministerio de Fomento, la medida “podría incluirse en 2019”.

Fomento inicia con este plan su peripecia para poner coto a la escalada de precios del alquiler, que en ciudades como Madrid o Barcelona acumula subidas de más del 40% en los últimos cuatro años, y continuará en los próximos meses con iniciativas para aumentar la oferta, como el plan de 20.000 viviendas, o una Ley estatal de Vivienda, que podría incluir bonificaciones fiscales en el IRPF.

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, alertó ayer de las dificultades en las condiciones para acceder a la vivienda, lo que supone un “drama” para las familias. “El 42% de los hogares en régimen de alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler”.

Los alquileres durarán más. A partir de la entrada en vigor del Decreto, el inquilino podrá, si quiere, permanecer en el piso alquilado cinco años. En cambio, si el propietario es una empresa, el periodo mínimo impuesto se alargará a siete años. La medida ha provocado críticas entre algunas empresas y fondos de inversión, en un momento en el que están invirtiendo grandes cantidades en España.

Hasta ahora, el periodo máximo que podía permanecer en la vivienda arrendada eran tres años sin tener que renovar contrato. Se trata principalmente de una ventaja para los arrendatarios, que podrán estar más tiempo en un piso alquilado sin necesidad de prorrogar el contrato –por lo que no tendrían que renegociar condiciones, como una subida del alquiler más allá de la del IPC, que sí se negocian en una prórroga–.

El portal Idealista advirtió ayer de que estas medidas, “que penalizan a los propietarios, acabarán provocando que la oferta sea menor y los precios suban”. Fuentes del Ministerio señalan que “ofrecer más seguridad al arrendatario da también más seguridad al arrendador”, y añaden que “no ha crecido la oferta después de que el PP redujera de cinco a tres años el plazo”.

Se limitan las garantías para los arrendadores. En las grandes ciudades, donde la demanda se multiplica y la oferta escasea, es habitual que las exigencias para alquilar una vivienda sean elevadas. El Gobierno pretende limitarlas a un máximo de dos mensualidades adicionales a la fianza.

Vía libre a los ayuntamientos para incentivos y penalizaciones. Aunque el Gobierno excluye los controles de precios del Decreto, una de las medidas anunciadas sí contempla que el precio de los alquileres se pueda controlar vía incentivos fiscales. Concretamente, el Gobierno da vía libre a los ayuntamientos para establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI. La clave está en que sólo se beneficiarán de este incentivo las viviendas “con alquileres a precio limitado”.

Esta bonificación, sin embargo, plantea dudas, ya que, como explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, “habrá que establecer algún mecanismo para que los ayuntamientos puedan determinar qué es precio limitado”. Ese instrumento, según Fomento, es lo que haría falta para aplicar el control de precios. De aplicarse el control de precios, Fomento baraja que el precio de las viviendas de protección crezca vinculado al IPC. Como forma de penalización, los ayuntamientos podrán establecer el recargo en el IBI en viviendas vacías establecido en 2002.

También tendrán la opción de destinar su superávit a promover su parque de vivienda pública.

Retraso en los desahucios. El Gobierno también incorpora una reforma del procedimiento de desahucio. Los servicios sociales deberán enviar un informe al juzgado analizando la situación de los desahuciados. Una vez que el informe sea recibido en el juzgado, y en casos de familias con menor capacidad económica, vulnerabilidad o con mayores cargas familiares, se paralizará el procedimiento durante un mes (o dos meses si el arrendador es persona jurídica) para dar tiempo a buscar una solución para los desahuciados.

Coto al alquiler vacacional. Aunque es difícil cuantificar hasta qué punto, el auge de las plataformas de alquiler vacacional está contribuyendo a la disminución de la oferta de pisos para alquiler habitual en capitales turísticas, y por tanto a las tensiones de precios. Mediante la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (una petición del sector turístico), se facilitará que las comunidades de vecinos puedan limitar los pisos vacacionales. Bastará una mayoría de tres quintas partes de los propietarios para limitar los pisos turísticos (antes era necesaria unanimidad para cambiarlos).

Fuente: Expansión.

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