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Qualitax. 19/05/2017

El Constitucional anula la plusvalía municipal si no hay incremento de valor

Sentencia/ El Alto Tribunal anula el impuesto municipal para cuando no hay plusvalía en el primer caso que juzga sobre el territorio común y vuelve a instar al legislador, ahora al estatal, a reformar el régimen legal del tributo.

sentencia

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el impuesto municipal sobre la plusvalía en las ventas de inmuebles cuando no haya incremento de valor en el primer caso que juzga sobre el territorio común, después de las dos sentencias que había dictado en sentido idéntico para los territorios forales de Guipúzcoa y Álava. En una sentencia, insta ahora al legislador estatal a reformar el tributo.

El Alto Tribunal considera por unanimidad que el impuesto es inconstitucional en estos casos, muy habituales desde que estalló la crisis económica. El tributo recaudó 2.439 millones en 2015, por lo que un proceso de devoluciones por los cuatro años no prescritos afectaría a ingresos de hasta 8.000 millones. Tinsa ha calculado que afectaría a 550.000 inmuebles que, según Idealista, generarían reclamaciones medias de 4.500 euros, lo que costaría a los ayuntamientos 2.475 millones. En teoría, el tributo grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero, en la práctica, es abonado siempre, aunque hayan perdido valor, por lo que el TC no anula el impuesto sino su aplicación automática en estos casos.

El Constitucional juzga un caso que atañe a unas viviendas que desarrolló una promotora de Jerez de la Frontera (Cádiz) que se adjudicó Unicaja mediante ejecución hipotecaria en 2014 por el 50% de su valor de tasación. El TC desestima los argumentos del abogado del Estado de que los ayuntamientos pueden reducir el valor catastral mediante un procedimiento de valoración colectiva potestativo, lo que únicamente puede reducir el importe, pero no lo evitaría.

Así, el Alto Tribunal considera que el impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno implica el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido una reducción del mismo. Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas locales, pero “sólo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

Esta sentencia deja las mismas incógnitas que las anteriores relativas a qué ocurre en los casos en que hay incremento de valor pero inferior al que determina la fórmula automática de cálculo. A partir de la publicación de la sentencia, establece el TC, corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto”. El legislador tendrá que determinar también qué prueba debe aportar el contribuyente, un asunto que el PP ya ha subrayado que deberá acreditarse con rigor.

El Ministerio de Hacienda se encuentra a la espera de recibir un informe de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), con la que mantuvo un encuentro a principios de abril, con el objetivo de reformar el impuesto. Así lo aseguró el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya el pasado abril en el Congreso y así lo indicaron ayer fuentes del Ministerio tras conocerse la sentencia. Insisten en que la FEMP se comprometió a remitir un análisis exhaustivo de esta figura tributaria que pudiera servir como guía para la reforma del tributo.

Desde el Fisco, se trasladó ayer que se tiene intención de reformar este impuesto, pero de la mano de la FEMP y dentro del proceso de reforma de la financiación local, que se puso en marcha hace varios meses con la creación de la comisión de expertos a tal fin y que en todo caso tendrá efectos para 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que la sentencia es “una oportunidad para mejorar el sistema tributario”.

De momento, las Haciendas forales de Guipúzcoa y Álava han publicado sendos Decretos que establecen que el impuesto debe calcularse respecto al valor del terreno, no al valor catastral y que sólo se devengará si hay incremento de valor del terreno.

Fuente: Expansión

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