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Qualitax. 02/06/2017

Cómo reclamar los daños a un cártel por pactar precios

España acaba de implementar, con cinco meses de retraso, la directiva para reclamar una indemnización a las empresas que participan en un cártel, facilitando a los perjudicados el proceso de denuncia.

competencia

Llega con cinco meses de retraso y por la vía de urgencia, pero no ha cogido por sorpresa a los expertos en competencia, que ya esperaban que España adaptara a su régimen jurídico la directiva europea sobre daños por ilícitos antitrust. El Decreto-Ley 9/2017 acaba de ver la luz y marca un nuevo camino para que los afectados por un cártel que ha pactado los precios puedan reclamar y solicitar una indemnización.

En España, ya era posible plantear este tipo de reclamaciones antes de la entrada en vigor de esta nueva norma ya que, aunque no existía una regulación específica, se utilizaba el artículo del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual para obligar a una empresa a reparar el daño ocasionado por dolo oculto en sus actuaciones. Y ahí se enmarcaban también los delitos de competencia.

A partir de ahora, existe una regulación específica que, por ejemplo, amplía el plazo de prescripción, que pasa de uno a cinco años, facilitando así las reclamaciones por parte de los afectados.

Sin embargo, una de las novedades más importantes radica en que la norma que se acaba de aprobar establece la solidaridad entre las compañías que han participado en el cártel. De esta forma cualquier persona física o jurídica podrá reclamar a una única compañía la totalidad del daño ocasionado.

Antes de la transposición de la directiva, el afectado se veía obligado a presentar varias demandas, ya que cada empresa del cártel respondía sólo por su parte del daño ocasionado. Aunque con el sistema nuevo no cambian los baremos de las indemnizaciones, que se establecen objetivamente en función del daño directo ocasionado y del beneficio que se ha dejado de percibir por culpa de la acción del cártel, los demandantes se benefician de poder reclamar en un único proceso, reduciendo así sus costes legales y agilizando los trámites.

Otra ventaja de este sistema es que se puede elegir libremente a la empresa a la que se quiera reclamar, de forma que si alguna se declara en suspensión de pagos o es menos solvente, se podrá exigir la indemnización total a la que disfrute de una situación financiera más solvente. Después, serán las propias compañías que pactaron precios las que tengan que demandarse entre ellas para hacer cuentas.

La aplicación de la directiva también introduce en España una fórmula anglosajona utilizada en asuntos de competencia: el discovery (descubrimiento). Con esta fórmula, cualquier afectado podrá exigir al participante de un cártel, o incluso a un tercero implicado, que facilite todas las pruebas que tenga en su poder para determinar el alcance del daño ocasionado. Aun así, será el juez quien determine qué información están obligadas a facilitar las compañías.

Este punto es uno de los que más incertidumbre sobre su aplicación genera, no sólo por su novedad en el sistema jurídico español, sino porque podría llegar a colapsar los juzgados en función de cómo se articule.

Pero no es la única sombra que planea sobre la nueva normativa. Por ejemplo, el texto no reconoce la retroactividad de su aplicación, pero existen dudas sobre su interpretación. Una lectura conservadora indica que sólo se aplicará a los nuevos cárteles descubiertos a partir de ahora. Sin embargo, ¿qué pasa con los descubiertos entre enero y mayo de este año? La norma debería haber entrado en vigor a finales de 2016, pero España se retrasó en su transposición. ¿Tendrá el Estado parte de responsabilidad por no actuar a tiempo?

Fuente: Expansión

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