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Qualitax. 08/04/2019

Cómo funciona el derecho de salida si la empresa no reparte dividendo

Las últimas novedades introducidas en el artículo que regula el derecho de separación de los socios por falta de reparto de dividendos propicia que las sociedades revisen sus estatutos para evitar sorpresas.

derecho de separacion

Ante la negativa de una sociedad a distribuir dividendos, asoma la opción de ejercitar el derecho de separación. Es la situación en la que se encuentran los minoritarios de las sociedades no cotizadas, reforzada por las últimas modificaciones incluidas desde diciembre en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. El texto, que facilita que aquellos socios descontentos con el no reparto de dividendos puedan abandonar la sociedad, ha experimentado cambios. De este modo, si una compañía que encadena tres años en positivo no reparte el 25% de sus beneficios legalmente distribuibles, sus socios pueden ejercitar el derecho de separación.

Pese a que el texto nació con el objetivo de reducir la litigiosidad y proteger a los minoritarios, los expertos coinciden en que tanto el propio artículo como las modificaciones más recientes tienen escasa utilidad. En concreto, la complejidad de la vida societaria y la dificultad de concretar en qué circunstancias se hace exigible el pago de dividendos son factores que limitan su aplicación práctica.

Además, la posibilidad de excluir el derecho de separación a través de una modificación de los estatutos condiciona por completo a ambas partes. Esto conduce a una disyuntiva: las sociedades optarán entre excluir en sus estatutos el derecho de separación o regular la obligación de un reparto mínimo de dividendos.

Por lo tanto, la vía de los estatutos se posiciona como la alternativa más interesante para que las compañías controlen los riesgos. Las sociedades pueden limitarlo a través de un pacto de socios o mediante una carta de renuncia del propio minoritario, pero la mayor protección sería la modificación de los estatutos previa a la entrada de nuevos minoritarios en la sociedad.

El carácter inherente al propio derecho al dividendo provoca que siempre se encuentre sometido a las circunstancias económicas y financieras de la compañía. No se ha conseguido precisar en qué supuestos está justificado por parte de la empresa que no se repartan dividendos, porque en esos casos no tendría cabida la acción de separación.

Esta indefinición es una de las cuestiones que quedan abiertas por la normativa. En un derecho tan abstracto como el dividendo, se debería regular con claridad el derecho de separación en aquellos supuestos en los que la junta no apruebe el reparto de dividendos por circunstancias económicas y financieras.

Casos

En su interpretación más práctica, el ejercicio del artículo 348 bis puede convertirse en una fórmula para que las sociedades “compren” la participación de determinados minoritarios que podrían generar conflictos en el día a día. A su vez, es una vía de salida para los socios que no tengan la capacidad de tomar decisiones ni de influir en la gestión y no dispongan de un retorno satisfactorio.

Por su parte, los expertos reconocen que algunas de las últimas novedades representan un mecanismo de protección para los socios minoritarios. En concreto, destaca el hecho de que la modificación resulta aplicable a los minoritarios de las sociedades dominantes en el reparto de los beneficios de grupos de sociedades consolidados, una reforma que favorece la transparencia.

Sobre el tipo de estructuras que podrían verse más afectadas por este mecanismo, tendrá especial trascendencia en sociedades con un accionariado diverso en el que se produzcan disputas constantes y donde no sea posible modificar los estatutos en este punto. Por el contrario, las sociedades de reciente creación podrán regular la cuestión en sus estatutos con total normalidad.

En el caso de que los minoritarios decidan ejercitar el derecho de separación, deben ser muy prudentes porque pueden llevarse una decepción con la valoración. En especial, los socios tienen que ser conscientes de que el derecho de separación es irrevocable, independientemente de la valoración que se haga después. Así, aunque a posteriori opten por impugnar la valoración, no podrán dar marcha atrás en el ejercicio de la separación.

Acerca de esa valoración, hay una creciente polémica con el rol del registrador mercantil a la hora de determinar si concurren los requisitos del artículo para decidir sobre la designación de un experto independiente. De este modo, el procedimiento de separación implica que, si no hay acuerdo de salida entre la sociedad y el minoritario, el registrador tiene la competencia de llevar a cabo un análisis sin entrar en cuestiones de fondo.

En cuanto a los principales obstáculos para su aplicación, una mala aplicación de este artículo podría conducirnos a una tiranía del minoritario, algo que podría ir en perjuicio del propio interés social de la empresa e, incluso, de la economía. En un caso extremo en el que los socios forzasen la situación, el ejercicio de esta acción podría abocar a la propia liquidación de la sociedad.

Fuente: Expansión

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